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Desmarque

El anuncio de una semana llena de conflictos se concreta por la poca capacidad de las autoridades par negociar los problemas y por el contrario, la habilidad para generarlos cuando las situaciones pueden servir para desviar la atención de la ciudadanía que lo que hace es mirar de palco las cosas que suceden a su alrededor. El hecho de que los evaluadores de la Central Obrera Boliviana hubieran llegado a establecer el precio de la canasta familiar en un valor que supera los ocho mil bolivianos, fue entendido como la exigencia de un salario mínimo en ese monto, lo que entre otras cosas provocó la risa del primer mandatario alentando la confortación. La expresión del Presidente no fue otra cosa que una orden pública a sus negociadores, para ver por cuál camino llevar el diálogo con los trabajadores y en esas circunstancias, la situación quedó en un punto muerto, aunque los mismos trabadores intentaron reconducirlo sin lugar una respuesta positiva. Si bien la posición de los trabajadores abarca a una buena parte de la comunidad, las negociaciones que se hicieron a nivel sectorial diversificaron los conflictos, no olvidemos que la COB reúne en sus filas no solo a los fabriles sino también a constructores, mineros, ferroviarios, gremialistas y campesinos por mencionar algunos. Los maestros, a pocos días de comenzar el año escolar, están dispuestos a continuar con la negociación y no quedarán satisfechos a nos ser que se les fije un salario que pueda guardar relación con el constante aumento de los artículos de primera necesidad. No obstante las consideraciones anteriores, creemos que el problema mayor es el relacionado con el transporte público, fue el primero en reaccionar al famoso gasolinazo y tuvo que retroceder por la decisión presidencial de volver para atrás. Al igual que otros sectores, el de transporte ha venido reclamando su situación desde mucho tiempo atrás y las autoridades han mantenido el no rotundo, aparentemente acogiendo el clamor popular; si embargo, se puede advertir que se trata mas bien de un deseo de desmarcarse para evitar una situación que de una u otra manera, encontrará reacciones. Lo que ha sucedido como consecuencia es que los transportistas tendrán que tomar sus decisiones como lo han anunciado y que se tendrán que atener a las consecuencias, por otro lado se ha mostrado a los movimientos de juntas vecinales como afines al gobierno y en todo caso, este tendrá que intervenir en algún momento para evitar males mayores. Y no solo nos referimos a las autoridades a nivel nacional sino también a las regionales que debe buscar que las actividades se desarrollen con normalidad en sus distritos. En el caso de Santa Cruz no es necesario profundizar mucho para mostrar que las autoridades departamentales y municipales suelen revolver sin problema las situaciones de conflicto a nivel regional. Hemos visto con extrañeza alrededor de ese tema que lejos de buscar resolver el tema del transporte y del tráfico en general, sobre hechos que afectan directamente a la población, la comuna ha decidido abrirse otros frentes donde no había un conflicto evidente, por lo menos con la misma magnitud, es el caso de las trancas que han colocado vecinos de algunos barrios para evitar las acciones delictivas que se hacían frecuentes. Con seguridad la Alcaldía dirá que la delincuencia no es su problema y que debe enfrentarlo la Policía, pero sabemos que esa instancia, por el momento, tampoco es prenda de garantía. La vigilancia es reducida en el centro de la ciudad y nula en los alrededores.

 
 
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