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Consenso

Son contadas las oportunidades en que el Gobierno se ha acercado a negociar con la Central Obrera Boliviana en lo que va de su gestión; sin embargo, en la última oportunidad que lo ha hecho, ha sido para asegurarnos que la voz del Secretario Ejecutivo de esa Organización es la voz de todos los bolivianos asalariados. Ese diálogo le ha servido para asegurar que la Ley de Pensiones, aprobada por la Cámara de Diputados, cuenta con el consenso de los ciudadanos que confiaron sus aportes a los fondos de pensiones y esperan contar con ellos en el momento de su jubilación. Ahora resulta que con el consenso del Gobierno y la COB, el Estado se tomará el derecho de intervenir los ahorros que poseen los ciudadanos en una organización privada, similar a un banco, para que éstos sean administrados por una oficina del partido de gobierno. Queda todavía como antecedente que el Estado, a quien ese partido representa en este momento, fue deudor de la Caja Nacional de Seguridad Social por concepto de aporte de jubilaciones para sus trabajadores y desaparecieron con el neoliberal 21060, en un borrón y cuenta nueva. A partir de ese momento, el concepto de solidaridad desapareció para que los ciudadanos sean dueños de sus propios recursos para jubilarse; dentro de ese nuevo sistema, el Estado tampoco pudo cumplir con sus obligaciones y lo que ahora pretende es comenzar otra vez de nuevo, con la diferencia de que ahora será él quien administre los ahorros, a pesar de sus antecedentes. Pero la cosa todavía va más allá, los trabajadores tendrán que aportar también para crear una pensión solidaria, para las personas mayores que no pudieron aportar, tal vez porque nunca trabajaron. En naciones con economía mas sólida que la nuestra, es el Estado el que paga pensiones no solo a los ancianos, sino también a los desocupados. Se ha establecido por estadísticas del INE que los ciudadanos que aportan a las AFP representan el 30 por ciento de la fuerza laboral; los demás que forman parte del comercio informal, recibirán una pensión de parte de los que trabajan formalmente, pagan impuestos y aportan para su futuro y de quienes todavía corren el riesgo de contratarlos. Aún hay más, tal vez lo más grave, la edad de jubilación se ha calculado pensando posiblemente en los trabajadores de las minas, a quienes una candidata oficialista mencionó una vez como los más sacrificados y ellos se sintieron discriminados; sin embargo, resulta que a la edad de 58 años, los profesionales están todavía ganando mayor experiencia e incrementando sus conocimientos; con la jubilación se abrirán fuentes laborales para los compañeros y se mandará un caudal humano, con gran potencial económico, a las filas de la informalidad. Y luego viene el premio a la lealtad partidaria, los militares que se autodefinieron como revolucionarios, socialistas, anticapitalistas y no sé que más, junto a los policías, recibirán una pensión del ciento por ciento de su salario, mientras los que no se autodefinieron políticamente tendrán que conformarse con un setenta por ciento de su salario, en una clara forma de discriminación, penada por una ley que acaba de ser promulgada y ya está siendo violada por los mismos legisladores que la aprobaron. Esperemos a ver que otras cosas se animan a consensuar los dirigentes de la COB que de acuerdo con la nueva ley, tendrán que ponerse a trabajar una vez que se jubilen.

 
 
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