El Mundo - Prensa Mayor

Abuso

Cuando se produjo la elección del Órgano Judicial y de los otros estamentos que lo integran, se había afirmado que tratándose de una nominación unilateral con un juego aparentemente democrático iba a ser un instrumento más para el trato abusivo que hace el Gobierno de los poderes del Estado. La detención de la senadora Carmen González del departamento de Pando resulta una nueva muestra de que las cosas se manejan de acuerdo con la forma de ver que el Gobierno tienen de las cosas y que no resulta congruente, ya que si hubo alguna acusación con la presentación de pruebas, la Fiscalía no puede conformarse con asegurar que la acusación no tenía argumentos para investigar la veracidad de la misma. El desacato resulta un argumento que ha sido manejado a discreción para acusar a cualquier miembro de la oposición que se atreva a abrir la boca para denunciar los abusos que se hacer del ejercicio del poder por parte de las autoridades. Hemos visto en varias oportunidades que se acusa a la gente por desacato o simplemente se sanciona a las personas por las denuncias que hacen, sin mencionar siquiera algún delito; con seguridad que Núñez del Prado pudo también acusar de desacato al “viejo” para conseguir su sanción en los tribunales de justicia. En ese caso, se prefirió ignorar la acusación a pesar de haberse verificado que era el representante del Gobierno encargado de entregar un soborno, para conseguir que el acusado involucre en el famoso tema del terrorismo, a la mayor cantidad posible de personas con las que el Gobierno no simpatiza en el departamento de Santa Cruz; de esa manera se tomó presos a algunos, se obligó a otros a optar por el camino del exilito y todavía hay algunos con arraigos y otras situación de conflicto, mientras el autor de un acto de corrupción queda libre, sin que el Ministerio Público o el Ministerio de Transparencia tomen cartas en el asunto. El hecho de que algunos parlamentarios, con los que el Gobierno se sentía seguro hubieran decidido formar una nueva bancada de oposición, da lugar a que se apunte al Parlamento con el propósito de conseguir recuperar a cualquier precio esos dos tercios con los que se sentía seguro en esa instancia del Estado. Posiblemente otros miembros de la Asamblea reciban presiones o sean perseguidos por cumplir con su función fiscalizadora acusando a quienes abusan del poder que tienen en sus manos. A tiempo de hacer la acusación de corrupción al Gobernador de Pando, la senadora presentó la documentación necesaria; sin embargo, a los ojos de la fiscalía, no eran prueba suficiente de las acusaciones ya que frente a cualquier argumento, el Gobernador tiene la ventaja de ser militante del MAS y goza de la confianza del Gobierno. Esta nueva medida arbitraria es una muestra de las posibles acciones que serán ejecutadas por el Ejecutivo que hace un par de días, comenzaba una nueva etapa en su gestión de Gobierno asegurando que le animaba el propósito de negociar, conversar y mantener buenas relaciones con una oposición que no hace otra cosa que cumplir con su misión de fiscalizar la labor gubernamental desde el Poder Legislativo y presentar los argumentos suficientes para mostrar que el manejo del Estado marcha por un camino que no es precisamente el más legítimo. No obstante el abuso de poder, existen personas que han recibido sobre sus espaldas el mandato del pueblo y se sienten obligadas a cumplir, ese es el caso de los dos gobernadores opositores que actualmente se sienten acosados con acusaciones que se van ampliando a media que pasan los días. Cuando se le ocurra a algún fiscal obedecer las ordenes que vienen desde arriba, tendrá que disponer el apremio de una autoridad y no será difícil actuar como se lo hizo con el ex Prefecto de Pando que a pesar de la prolongada reclusión, no ha recibido una acusación, ni siquiera de desacato, para justificar el presidio.

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