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Los familiares de las víctimas festejan

Satisfechos. Así se declararon los familiares de las víctimas y heridos, la Central Obrera Boliviana (COB) junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), por la aprobación del juicio a responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
El 14 de octubre marcará la historia nacional porque los parlamentarios, pasada la medianoche optaron por aprobar el proceso contra el ex Presidente y todo el gabinete que acompañó su gestión, mientras más de un centenar de personas y familiares de las víctimas se aportaron en la plaza Murillo, -principal escenario de los luctuosos hechos de octubre- y realizaban una vigilia a la espera de la conclusión de la sesión que se desarrollaba en el hemiciclo parlamentario.
Una vez conocida la determinación de los parlamentarios, según el dirigente de El Alto, Roberto de la Cruz, las almas de los mártires de las "guerra del gas" obligaron a los padres de la patria a actuar con justicia social, además dijo que la aprobación del juicio de responsabilidades no es un logro de ningún partido político, sino es que es triunfo de todos los bolivianos.
Desde el punto de vista del presidente de la APDHB, Sacha Llorenti, la aprobación del proceso es un paso adelante para la democracia boliviana, ya que será la justicia la que demuestre la responsabilidad y culpabilidad de Sánchez de Lozada.
También algunos familiares de las víctimas festejaron la aprobación, debido que permitirá poner fin a la impunidad y aseguraron que continuarán con el proceso en la Corte Suprema.
Frente a la advertencia que hizo la COB al Poder Legislativo con cerrar el Congreso si los diputados y senadores no aprobaban el juicio contra el ex Gobernante, el dirigente cobista, Jaime Solares, mostró su satisfación por los resultados que quedarán en la memoria de los bolivianos ya que por primera vez estará sentado en el banquillo de los acusados un ex presidente electo por voto popular y sus colaboradores.
A pocas horas de iniciar el tratamiento del juicio contra las autoridades nacionales, los parlamentarios recibieron una serie de amenazas de medidas de presión de parte de las organizaciones sociales, que demandaron aprobar el proceso para sentar un precedente en la historia nacional por los enfrentamientos que cobro vidas de bolivianos del 17 de octubre y que terminó con la caída de Sánchez de Lozada.

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