El Mundo - Prensa Mayor

Nacional
Defensoría apunta a Llorenti y a otras autoridades de Estado

Erbol

El informe de la Defensoría del Pueblo ratificó que los policías reprimieron brutalmente a seres indefensos de la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) cuando ellos se dedicaban a actividades domésticas por lo que advierte posibles responsabilidades desde altos funcionarios de Estado, jefes policiales y un oficial de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB), sin embargo, no menciona al presidente del Estado, Evo Morales.
En el presente caso, del 25 de septiembre, es evidente de cómo la Policía Boliviana, sin ningún respaldo o justificativo legal, procedió a realizar una represión violenta e indiscriminada, contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres gestantes y madres así como personas adultas mayores. Los actos efectuados de coacción brutales, desproporcionados, alevosos e indiscriminados cometidos contra seres humanos indefensos, marchistas en defensa del Tipnis, viola la dignidad como tal.
En la parte anterior, indica que las personas que conformaban la marcha indígena se abocaban a realizar actividades domésticas y descansar por lo que no se puede aseverar la existencia de ningún hecho delictivo flagrante que haya merecido la violenta acción policial.
Las detenciones no fueron reactivas y en mérito a circunstancias coyunturales de violencia; sino por el contrario, parte de una operación planificada donde se contrató buses de transporte público, se adquirió cinta adhesiva para maniatar y amordazar personas.
En ese mismo orden, - continúa que - el desconocimiento de la persona y su dignidad, se ve también evidenciado cuando los policías realizaron acciones como quitar las ropas y mantener en esas condiciones a varios detenidos, privar de alimentos a los niños lactantes a pesar del clamor de sus madres, impedir que la población de Rurrenabaque pueda dotarles de agua y alimentos a las personas privadas de libertad o trasladar a algunos detenidos en camionetas maniatados y amordazados.

Posibles responsabilidades de funcionarios, policÍas y un militar
Concluye que a criterio de la Defensoría del Pueblo se desprenden responsabilidades individuales por la violación de derechos humanos del exministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Solís, por haber decidido e impartido ilegalmente que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena pacífica.
También prevé responsabilidad por violación de los derechos humanos del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, sí como del director General de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado, por haber realizado los actos preparatorios para la ejecución de una orden ilegal impartida por el entonces Ministro de Gobierno, mediante la coordinación con la Policía Boliviana, del plan de intervención, la contratación de buses de transporte público, la compra de insumos con fondos del Estado para un acto de represión ilegal, además de la gestión y dirección del traslado de personas ilegalmente detenidas.
Finalmente, también considera posible responsabilidad por violación de los derechos humanos ante la actuación calificada de los servidores públicos del Ministerio de Gobierno, como el jefe de Gabinete, Ramiro Delgado; consultora de línea Karolina Vertiz Arancibia,; Edwin Contreras, Responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, Auxiliar; además de los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio de Gobierno, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro, al haber prestado su colaboración en la preparación, seguimiento y coordinación del plan de intervención policial a la marcha indígena. Añade que de igual forma, concurría la responsabilidad por violación de los derechos humanos de los generales Óscar Muñoz Colodro, Modesto Palacios Cruz y Edwin Foronda Franco; así como de los coroneles Óscar Chávez y Alberto Aracena; los tenientes coroneles Henry Terrazas Verduguez, y otros funcionarios policiales que intervinieron en la planificación, preparación y ejecución de la violenta intervención.
Se evidenciaría también responsabilidad del comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Gandarillas Salazar, al haber dispuesto de bienes del Estado además de personal para el traslado de los marchistas detenidos ilegalmente.

Datos
El Defensor informó que los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y Wilfredo Chávez, no prestaron colaboración en la investigación defensorial argumentando que presentarían un supuesto informe que hasta la fecha no llegó

EN BREVES
‘Fiscalía tiene que tomar en cuenta’

El ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín afirmó que el informe defensorial respecto a la intervención policial contra marchistas indígenas debe ser obligatoriamente tomado en cuenta por el Ministerio Público en la investigación que lleva adelante.
“Los puntos de vista de la Defensoría no pueden homologarse como la opinión de un ciudadano particular, tiene un rango de autoridad máxima jerárquica en el ámbito de los derechos humanos. Y si bien, sus informes no son coercitivos, ni respaldados por la fuerza legal para obligar a su cumplimiento, tienen un efecto vinculante porque sus actuaciones están respaldadas por la Constitución Política del Estado”, afirmó. /ANF

APDHB aplaude
el informe
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera aplaudió el informe del Defensor del Pueblo, Rolando sobre las investigaciones de la represión policial contra marchistas del Tipnis.
Herrera, considera que este informe coadyuvará en la labor investigativa que realiza el Ministerio Público para esclarecer quien ordenó la intervención a la marcha.

Fiscalía declina
su competencia
El fiscal del distrito del Beni, Hugo Vargas, informó ayer que declinó su competencia para investigar la agresión que sufrieron los marchistas indígenas del Tipnis. "El artículo 49 del Código de Procedimiento Penal establece la competencia territorial sobre el lugar de la residencia del imputado y el lugar donde sea habido", justificó.
En este sentido, dijo que presentó el memorial de declinatoria de competencia ante un Juez de San Borja, para que éste remita a su homólogo de La Paz el expediente de ese caso.
Argumentó que el Ministerio Público de La Paz continuará con la investigación. /ABI

Comunidad	Economía	Política
-Dirección de Educación alista entrega de títulos gratuitos a bachilleres -enfermedades Buscan control de alimentos por infecciones -Retiran vendedores de la avenida Isabel la Católica	-Sugieren mantener subvención a combustibles si hay dinero -La oferta de arbolitos de navidad cuestan desde los Bs. 18 -EXPORTACIONES Cumbre debe acabar con las prohibiciones	-Indígenas del Tipnis deben crear un gobierno autónomo -Martínez: Legislativo puede revisar la ley Corta del Tipnis -Carretera del tipnis: Quieren que se realice con crédito del BNDES
Nacional	Policial	Deportes
-Defensoría apunta a Llorenti y a otras autoridades de Estado -La Cumbre Social será en Cochabamba del 9 al 11 de diciembre -Reclaman justicia por los hechos de “La Calancha”	-Arrestan a más integrantes de banda de atracadores -Desbaratan presunta red que realizaba abortos -banco unión Posible túnel en una entidad financiera	-Vuelta a Bolivia tendrá diez etapas en el 2012 -TORNEO CLAUSURA DE FUTSAL Están los semifina istas -NACIONAL DE RALLY Adecruz regi tra a 68 corredores